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Esta subserie reúne diversos tipos documentales reunidos o producidos por el CEDOC en el marco de la tarea de análisis documental para informar ante el Senado de la Nación, sobre actos de los oficiales propuestos para el ascenso que implicaran participación en violaciones a los derechos humanos, atentados al orden constitucional u actividades ilegales en el presente.
Desde los primeros años de la democracia, el CELS se trazó como objetivo prioritario el desarrollo de una labor que entendiera la necesaria depuración de las fuerzas armadas como base para un proceso de institucionalización democrática, de modo complementario a su rol en los procesos de justicia por delitos de lesa humanidad.
Desde 1984 el CELS cumple con el mandato de sus fundadores investigar e informar sobre actos de los oficiales propuestos para el ascenso que tuvieran participación en violaciones a los derechos humanos, atentados al orden constitucional u actividades ilegales en el presente. Desde 1994 se realiza esta tarea a pedido de la Comisión de Acuerdos del Senado y, en los últimos años, también del Ministerio de Defensa.
Las fuentes de información utilizadas para ello son los documentos producidos por las víctimas del Estado terrorista, sus familiares y los organismos de derechos humanos; el litigio de las causas tramitadas en instancias nacionales e internacionales; material indubitable de los medios de comunicación, libros y otras fuentes públicas.
Los datos brindados por el CELS resultan complementarios a los que puedan producir los organismos estatales a partir de sus propias investigaciones basadas en documentos oficiales, testimonios, descargos de los implicados y confrontación de diversos registros.

Esta subserie reúne artículos periodísticos publicados entre 1976 y 2000, agrupados temáticamente en torno al trabajo de identificación de responsables.

Esta subserie reúne documentación producida o reunida por Emilio Mignone y documentación generada a partir de su fallecimiento. Sobre su fallecimiento en 1998, se encuentran homenajes escritos, condolencias y notas sobre su figura. Además, hay aquí reunidos artículos y publicaciones de Mignone, principalmente de la década de 1980, así como, correspondencia vinculada a su labor en derechos humanos. En ese conjunto se incluye documentación sobre la presentación de Emilio al premio ONU 1998.

Emilio Fermín Mignone es uno de los principales referentes y defensores de los derechos humanos de la Argentina. Nació en Luján, Provincia de Buenos Aires, en 1922 y murió el 21 de diciembre de 1998. Fue un actor central del movimiento de derechos humanos que surgió como resistencia a la última dictadura. Participó desde sus orígenes en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y fue co-fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presidió desde su creación el 14 de marzo de 1980 y hasta el último de sus días. A partir de 1985, el CELS conformó un Comité Ejecutivo, que Mignone integró. Durante aquellos años, Mignone protagonizó la denuncia por las violaciones a los derechos humanos en ámbitos internacionales y explicó el significado de la noción de Terrorismo de Estado.
En 1981, junto a Augusto Conte, redactó la llamada “doctrina del ‘paralelismo global’”, que resultó una pieza fundamental en la comprensión del funcionamiento del Terrorismo de Estado y un marco explicativo fundamental hasta nuestros días.
Desde el fin de la dictadura en 1983, Mignone participó de los juicios contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Ese mismo año, retomó su actividad académica, participó en diversos proyectos de investigación en sus campos de actuación profesional, a los que sumó el conocimiento a partir de su experiencia reciente: la planificación educativa, la transferencia científica y tecnológica, a los que se agregaban las relaciones entre políticas de derechos humanos y educación y la revisión de las relaciones entre la Iglesia católica y la sociedad argentina.
En 1986 Mignone publicó Iglesia y Dictadura, libro en el que revisó el papel de ciertos círculos de la jerarquía eclesiástica en relación con la política represiva de la dictadura. El libro fue traducido al inglés, francés, italiano y portugués. En 1991 publicó Derechos Humanos y Sociedad, en el que plasmó la experiencia y proyección del movimiento que había contribuido a formar hasta entonces.
La sanción de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” en 1986 y 1987, y los decretos de indulto en 1989 y 1991, implicaron cambios drásticos para el movimiento de derechos humanos en la Argentina y en las actividades de Mignone. Por una parte, dieron inicio a otra etapa de la lucha por justicia, ahora enfocada en contra de la impunidad (por la anulación de dichas leyes e indultos y la reapertura de los juicios). Por otra, se reforzó la labor sobre el ejercicio de derechos humanos en democracia.
A partir de 1989, Mignone tuvo una mayor participación en las políticas públicas de gestión educativa. Participó en los equipos técnicos de las reformas educativas emprendidas durante esos años, y fue nombrado como titular de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.
El 14 de mayo de 1976, su hija Mónica María Candelaria, psicopedagoga, docente de la Universidad de Luján y participante de proyectos de promoción social en villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, fue secuestrada en su domicilio por las fuerzas de seguridad, en el marco del plan represivo implementado por la dictadura cívico-militar.
A partir de entonces, Mignone y Chela dedicaron sus vidas a buscar a su hija, que permanece desaparecida, y a la búsqueda de verdad, memoria y justicia por todos los crímenes ocurridos durante el terrorismo de Estado.

Esta subserie diversos tipos documentales producidos o reunidos por el CEDOC en el marco del trabajo de identificación de responsables, como informes, testimonios, correspondencia, panfletos, solicitadas, comunicados.

Esta subserie reúne documentos fotográficos reunidos por el CEDOC en la tarea de identificación de responsables del terrorismo de Estado. Las fotografías están organizadas por los nombres de las personas a quienes hacen referencia o por la fuerza armada a la que pertenecen.

Esta subserie reúne listados de responsables del terrorismo de Estado reunidos o producidos por el CEDOC entre 1976 a 1983. Contiene mayormente listados pero también incluye publicaciones, notas, borradores, cuadros, escritos, correspondencia, legajos de personal, fojas de servicio, información recopilada sobre miembros de las fuerzas armadas y policiales, funcionarios del poder judicial, políticos y religiosos que cumplieron funciones o tuvieron participación en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Incluye investigaciones propias, material periodístico, legislación secreta o material de inteligencia que proviene de procesos jurídicos, denuncias individuales y de organizaciones, así como documentos desclasificados por distintos organismos gubernamentales.
Se encuentra limitado al acceso a la consulta pública. La restricción a este conjunto responde a su potencial uso en causas judiciales.

La subserie Carpetas por nombre está ordenada alfabéticamente por apellido de responsable y cuenta con legajos, informes de trabajo, comunicados, correspondencia, documentación sobre escraches, artículos de prensa, cables, listados, declaraciones, denuncias, solicitadas, testimonios, búsqueda de antecedentes, formularios, hábeas corpus, fotografías, memorándums, testimonios y otros documentos jurídicos. Este conjunto documental responde a la tarea llevada adelante para individualizar a los responsables de los crímenes durante el terrorismo de Estado. Cada vez que se establecía la existencia de un centro clandestino de detención, se reconstruía su dependencia jerárquica y se procuraba establecer la cadena de mandos y la jurisdicción a la que pertenecía en cuanto a zonas de seguridad.

Esta subserie reúne documentación producida o reunida por Boris Pasik, fundador del CELS e integrante Boris Pasik de la Comisión Directiva hasta su fallecimiento en febrero de 1998.
En la actualidad el material está ordenado e inventariado, con tratamiento de preservación y digitalizado.
Hay material de prensa sobre el Partido Socialista, sobre el Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Argentino y el Partido Socialista Popular sobre sus posicionamientos en la época. Hay documentos de la Comisión de abogados de ayuda a Chile (1973), el FIDH, el Movimiento de Juristas Católicos y Asociaciones Internacionales de Juristas Demócratas, en la que se encuentran documentos que dan cuenta de la situación de los presos en Chile. Se encuentran documentos de 1970 de la Asociación de Abogados de Buenos Aires sobre la Reforma Constitucional. Por último, hay correspondencia sobre el trabajo y participación partidaria de Boris Pasik en los primeros años de la década de 1970.

Boris se integró rápidamente a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos luego de que su hijo Gustavo, que tuvo junto a Elena Dubrovsky, fuera secuestrado el 22 de mayo de 1976. Ocupó diversos cargos dentro de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos.
Nació en Entre Ríos, fue un abogado que costeó sus estudios universitarios como maestro de una escuela de Entre Ríos. En la década de 1970, en Capital Federal, representó al Partido Socialista Argentino en el Concejo Deliberante. Tras el golpe de Estado contra Salvador Allende fue miembro de la Comisión de Solidaridad con el Pueblo Chileno. Boris murió en febrero de 1998.
La subserie se compone de 54 unidades documentales compuestas.

Esta sección incluye los documentos producidos por el Área de Litigio del CELS desde su conformación hasta la actualidad. El Área de Litigio fue establecida a partir de la reestructuración institucional de 1994, como continuidad del Área Jurídica. Trabaja de forma transversal en las agendas de trabajo del CELS, en la coordinación de las estrategia jurídicas de las causas judiciales. Desde el año 2008 está coordinada por Diego Morales.
La sección se encuentra dividida en dos subsecciones vinculadas a las funciones del área. La subsección Causas judiciales agrupa la documentación producida en los procesos judiciales que litiga el CELS, tanto a nivel nacional como internacional. La segunda subsección agrupa los documentos producidos o reunidos en el marco de otras acciones de trabajo del Área de Litigio, como la Clínica Jurídica, investigaciones, sistematización de información, elaboración de publicaciones, propuestas de proyectos de ley, reunión de jurisprudencia, entre otras actividades.

Esta sección reúne la documentación producida por CELS desde mediados de la década del 80 hasta la actualidad a partir de las investigaciones, estudios y litigios realizados en torno de las problemáticas de violencia institucional, en democracia. También refleja la construcción de alianzas con otras organizaciones sociales y el trabajo con familiares de víctimas de la represión policial. Incluye publicaciones, insumos de investigación y elaboración de estadísticas propias.
Se agrupa en 48 cajas de documentación en papel que se encuentra inventariada, lo que se complementa con la documentación electrónica que aún no ha sido tratada archivísticamente.
La serie "Base de datos" responde a los inicios del trabajo sostenido desde 1996 de recolección y sistematización de información de casos de violencia policial publicados en periódicos y la producción de datos estadísticos propios. https://violenciapolicial.org.ar/
Estas líneas de trabajo en el CELS tuvieron origen a mediados de los años 80 cuando la organización comenzó a trabajar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia. En 1986, abogados y abogadas del CELS comenzaron a atender denuncias sobre violencia ejercida por funcionarios policiales, se realizaron investigaciones para analizar y comprender la problemática. Un año después se constituyó un programa de trabajo específico para realizar una investigación interdisciplinaria sobre detenciones policiales. Entre otras acciones, el CELS generó una red con organizaciones villeras y centros de estudiantes para recibir denuncias, presentó una acción de hábeas corpus a favor de personas detenidas a consecuencia de una razzia realizada en el barrio General Belgrano —Villa Oculta— de la Capital Federal.
El CELS se sumó a la Campaña antirazzias organizada por la Comunidad Homosexual Argentina y sostuvo denuncias sobre la ilegalidad de estos procedimientos.
La estrategia de litigio estratégico implicó llevar causas en tribunales locales e internacionales como, entre muchos otros, el caso de Walter Bulacio por detención ilegal y abuso de la fuerza ante Sistema Interamericano de Derechos Humanos; el caso del policía Hugo Airali que permitió poner en discusión las leyes orgánicas de la Policía Federal; el amparo colectivo por el derecho a la participación política de los presos sin condena; el caso Tiscornia, por acceso a la información producida por la Policía Federal Argentina, el caso de Darío Riquelme y Mariano Witis que permitió problemátizar diversas dimensiones del uso ilegal de la fuerza por parte de la Policía Bonaerense. Más cerca en el tiempo, el CELS también ha acompañado y litigado casos en los que se investigan formas de desaparición en democracia, como los casos de Luciano Arruga y de Santiago Maldonado.
En 1995 comenzó a funcionar el “Programa Violencia Institucional, seguridad ciudadana y derechos humanos”, dirigido por Sofía Tiscornia e integrado por María Victoria Pita, María Angélica Villarruel, Gastón Chillier y Gustavo Palmieri, Mercedes Korim, Josefina Martínez y Vanina Lekerman. Desde entonces la agenda de trabajo se ha ampliado al análisis de políticas de seguridad, elaboración de propuestas de regulación y control del uso de la fuerza, análisis y denuncia de lógicas de violencia institucional en diferentes contextos de encierro.
Desde la represión del 19 y 20 de diciembre el CELS sostiene un trabajo de investigación, denuncia y litigio sobre la respuesta estatal a las protestas sociales, en dimensiones tales como la represión, la criminalización, la inteligencia ilegal a organizaciones sociales y políticas y el modo en que se procesan las demandas. Desde entonces, el CELS ha investigado y litigado numerosos casos en los que la respuesta estatal al ejercicio del derecho a la protesta ocasionó muertes, la mayoría de personas muy jóvenes y afectó la salud y la integridad física de cientos de manifestantes: el 19 y 20 de diciembre de 2001, la Masacre de Avellaneda en 2002, las represiones a las comunidades Qom en Formosa en 2010, el asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, la represión en el Parque Indoamericano en 2010, la Masacre de La Cárcova en 2011 y la cacería policial del 8 de marzo de 2017 luego de la manifestación con la que cerró el Paro Internacional de Mujeres en Buenos Aires son algunos de ellos. La persecución penal de los referentes sociales también ha sido una preocupación central, como la criminalización de la dirigente Milagro Sala y de la agrupación a la que pertenece, la Organización Barrial Túpac Amaru, en la provincia de Jujuy.