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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es un organismo de derechos humanos argentino creado en 1979, durante la última dictadura militar, por madres y padres de jóvenes detenides-desaparecides y preses polítiques. Promueve la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional. Para llevar adelante esta agenda el CELS recurre al litigio estratégico nacional e internacional, la investigación, la alianza con otras organizaciones, la incidencia en políticas públicas y la comunicación. Este trabajo se realiza en alianza con otras organizaciones y movimientos nacionales, regionales e internacionales.
Desde los inicios de su actividad, se conformó un fondo documental con el objetivo de documentar violaciones a los derechos humanos, registrar casos, identificar responsables y metodologías represivas.
En sus primeros años, el CELS llevó adelante la lucha por la verdad y la justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Entonces la estructura incluía una comisión directiva, un equipo jurídico, un centro de documentación y un equipo de Salud Mental. En ese momento, el trabajo en torno de la documentación testimonial fue central: se recibían testimonios y documentación personal de los familiares de las víctimas a quienes patrocinó.
A partir del inicio de la democracia en 1983, el CELS continuó la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado y la asistencia a las víctimas (a través de la participación en Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino -OSEA-, entre otras acciones). En 1986, tras el dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el CELS impulsó las campañas de rechazo a la impunidad, trabajó activamente en los procesos y denunció internacionalmente las leyes de impunidad.
En democracia, el CELS amplió su agenda a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el presente, a sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. Durante los 80 se puso en marcha el Programa de Apoyo Jurídico Popular y el Programa de Violencia policial.
En 1994 se inició un proceso de reformulación institucional, se diversificó la agenda temática y se organizaron los equipos de trabajo en Áreas y Programas. Además, se fortaleció el rol del Director Ejecutivo con el objetivo de profesionalizar la gestión institucional, garantizar la sustentabilidad económica, consolidar y organizar el equipo de trabajo, sostener la perspectiva institucional en los vínculos con la prensa y las autoridades estatales, entre otros objetivos. También se consolidó la Comisión Directiva.
En este período se establece un convenios con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que dio lugar a la práctica profesional para estudiantes de finalización de carrera que se sostiene en el presente. También el vínculo con el Equipo de Antropología Jurídica y Política de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, para el desarrollo de múltiples investigaciones sobre problemáticas de derechos humanos y reflexiones sobre las formas de activismo.
Hoy las principales áreas de trabajo son: la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado; la violencia institucional y las políticas de encarcelamiento como ámbitos de violación de los derechos humanos; la inclusión social y los derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en el acceso a la tierra y a un hábitat digno; las políticas públicas en materia de salud mental; las reformas del sistema de justicia, los derechos de las personas migrantes, los derechos sexuales y reproductivos, y la libertad de expresión.