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El Fondo del Archivo Personal de Emilio F. Mignone, consta de
documentos producidos, conservados o recopilados por él en sus actividades públicas y profesionales, así como algunos de índole personal. El alcance temporal total del fondo se inicia aproximadamente en 1940 y se extiende hasta 2002, el mayor volumen de documentación corresponde al período 1973-1998.
Ello implica que es posible encontrar la documentación producida y recopilada en sus actividades vinculadas con la lucha por los derechos humanos en Argentina, así como de actividades profesionales en el área educativa y de gestión científica y tecnológica desarrolladas desde el reinicio de la vida democrática.
Otra parte del Fondo Personal fue donado a la Universidad de Luján (disponible en: http://www.biblioteca.unlu.edu.ar/?q=node/86). Esa parte del Fondo cuenta con documentación relacionada con la trayectoria del Dr. Emilio Fermín Mignone en el área educativa, la creación y puesta en funcionamiento de la Universidad Nacional de Luján.

Este conjunto está organizado de manera temática. Hay 3 grupos de materiales. Las cajas 2 a 6 tienen documentos de "Violencia Institucional". La caja 7 se compone de materiales producidos por las diferentes áreas del CELS entre 2005 y 2006. La caja 8 contiene materiales variados como presentación de libros, entrevistas y asambleas institucionales grabadas entre 2002 y 2011.

El Fondo CELS incluye la documentación producida o reunida en el desarrollo de acciones en defensa de los derechos humanos, desde su fundación del CELS hasta la actualidad.
Se encuentra organizado en 17 secciones. Las secciones reflejan la estructura orgánica y las series documentales reflejan las funciones que ha adquirido la organización. Se considera documentación histórica los documentos producidos o reunidos entre 1979 y 1994 y documentación corriente desde esa fecha hasta la actualidad. Esta distinción del fondo está asociada a los cambios organizacionales de la institución. La documentación producida se encuentra agrupada de acuerdo a las distintas áreas, funciones y programas.
Durante la dictadura el trabajo de la institución se centró en la posibilidad del litigio como herramienta distintiva del trabajo institucional, por lo que la documentación producida se relaciona a las causas judiciales llevadas adelante por la institución tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, la construcción de un Archivo documental, conformado a partir de diferentes fuentes (periodísticas, legislativas, bibliográficas) fue fundamental para la identificación de responsables, víctimas y metodologías represivas. La documentación testimonial de familiares y víctimas dio lugar a la producción de informes, análisis, ensayos. Durante este período se produjo también documentación relativa a la asistencia a víctimas. 
En democracia, el CELS incorporó la revisión de legados de la dictadura para cargos públicos, el juzgamiento de las Fuerzas Armadas, la repatriación de exiliados, la publicación de estudios e informes con el fin de visibilizar los crímenes y sus efectos y la construcción de alianzas internacionales. Amplió su agenda a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el presente, a sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. La documentación desde los 80 incluye informes, estudios, registros sobre el Programa de Apoyo Jurídico Popular y el Programa de Violencia policial. También se halla documentación sobre el estudio y promoción sobre el derecho internacional de los derechos humanos, los juicios por el Derecho a la Verdad, litigios por acceso a la información y a la libertad de expresión, acciones destinadas a fortalecer la democracia y la administración de justicia, la creación de la Clínica Jurídica, la promoción de la exigibilidad de los derechos económicos sociales y culturales en los tribunales, la promoción de reformas legislativas y policiales, entre otros temas. Hoy las principales áreas de trabajo son: la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado; la violencia institucional y las políticas de encarcelamiento como ámbitos de violación de los derechos humanos; la inclusión social y los derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en el acceso a la tierra y a un hábitat digno; las políticas públicas en materia de salud mental; las reformas del sistema de justicia, los derechos de las personas migrantes, los derechos sexuales y reproductivos, y la libertad de expresión.

Esta subserie reúne documentación producida o reunida por Emilio Mignone y documentación generada a partir de su fallecimiento. Sobre su fallecimiento en 1998, se encuentran homenajes escritos, condolencias y notas sobre su figura. Además, hay aquí reunidos artículos y publicaciones de Mignone, principalmente de la década de 1980, así como, correspondencia vinculada a su labor en derechos humanos. En ese conjunto se incluye documentación sobre la presentación de Emilio al premio ONU 1998.

Emilio Fermín Mignone es uno de los principales referentes y defensores de los derechos humanos de la Argentina. Nació en Luján, Provincia de Buenos Aires, en 1922 y murió el 21 de diciembre de 1998. Fue un actor central del movimiento de derechos humanos que surgió como resistencia a la última dictadura. Participó desde sus orígenes en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y fue co-fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presidió desde su creación el 14 de marzo de 1980 y hasta el último de sus días. A partir de 1985, el CELS conformó un Comité Ejecutivo, que Mignone integró. Durante aquellos años, Mignone protagonizó la denuncia por las violaciones a los derechos humanos en ámbitos internacionales y explicó el significado de la noción de Terrorismo de Estado.
En 1981, junto a Augusto Conte, redactó la llamada “doctrina del ‘paralelismo global’”, que resultó una pieza fundamental en la comprensión del funcionamiento del Terrorismo de Estado y un marco explicativo fundamental hasta nuestros días.
Desde el fin de la dictadura en 1983, Mignone participó de los juicios contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Ese mismo año, retomó su actividad académica, participó en diversos proyectos de investigación en sus campos de actuación profesional, a los que sumó el conocimiento a partir de su experiencia reciente: la planificación educativa, la transferencia científica y tecnológica, a los que se agregaban las relaciones entre políticas de derechos humanos y educación y la revisión de las relaciones entre la Iglesia católica y la sociedad argentina.
En 1986 Mignone publicó Iglesia y Dictadura, libro en el que revisó el papel de ciertos círculos de la jerarquía eclesiástica en relación con la política represiva de la dictadura. El libro fue traducido al inglés, francés, italiano y portugués. En 1991 publicó Derechos Humanos y Sociedad, en el que plasmó la experiencia y proyección del movimiento que había contribuido a formar hasta entonces.
La sanción de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” en 1986 y 1987, y los decretos de indulto en 1989 y 1991, implicaron cambios drásticos para el movimiento de derechos humanos en la Argentina y en las actividades de Mignone. Por una parte, dieron inicio a otra etapa de la lucha por justicia, ahora enfocada en contra de la impunidad (por la anulación de dichas leyes e indultos y la reapertura de los juicios). Por otra, se reforzó la labor sobre el ejercicio de derechos humanos en democracia.
A partir de 1989, Mignone tuvo una mayor participación en las políticas públicas de gestión educativa. Participó en los equipos técnicos de las reformas educativas emprendidas durante esos años, y fue nombrado como titular de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.
El 14 de mayo de 1976, su hija Mónica María Candelaria, psicopedagoga, docente de la Universidad de Luján y participante de proyectos de promoción social en villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, fue secuestrada en su domicilio por las fuerzas de seguridad, en el marco del plan represivo implementado por la dictadura cívico-militar.
A partir de entonces, Mignone y Chela dedicaron sus vidas a buscar a su hija, que permanece desaparecida, y a la búsqueda de verdad, memoria y justicia por todos los crímenes ocurridos durante el terrorismo de Estado.

Esta subsección reúne agrupaciones documentales sobre la acción de recepción y sistematización de testimonios que realizó el CELS. Hay grupos documentales de testimonios, información sobre detenides-desaparecides, material sobre la situación de les preses polítiques y material reunido alrededor de consultas que realizaban familiares sobre la situación de desaparición de sus seres queridos o personas de su cercanía.
Durante la dictadura el CELS llevó adelante tres acciones fundamentales: el litigio de casos individuales en los tribunales locales, la generación de alianzas con organizaciones internacionales de derechos humanos y la documentación de los crímenes ocurridos durante el terrorismo de estado.
La recepción de testimonios fue muy importante en este marco, en el CELS se recibían testimonios y documentación personal de los familiares de las víctimas a quienes patrocinaron los abogados de la institución en procura de conocer el paradero de los desaparecidos. El equipo jurídico inició acciones judiciales para impactar a los jueces y obligarlos a buscar a los secuestrados, en su gran mayoría desaparecidos desde cuarteles militares, policiales y de seguridad. También los sobrevivientes de centros clandestinos de detención acercaron sus propios testimonios, con la esperanza de ampliar la información sobre las formas de represión ilegal, pero además con la intención de identificar represores y llevarlos ante la justicia. El CELS de entonces contaba con una estructura muy simple: una comisión directiva, un equipo jurídico, un centro de documentación y, desde fines de la dictadura, el apoyo de un grupo de psicólogos (que se formaliza como Equipo de Salud Mental en 1984).
Desde su fundación en 1979 el CELS constituyó entre sus objetivos institucionales la creación de un Archivo propio que contribuyera a la documentación y análisis de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Desde el Centro Documental (CEDOC 1979-2007), coordinado por Alicia Martín en sus comienzos, se realizó una intensa actividad de búsqueda, recolección y sistematización de información. La investigación apuntaba a denunciar los crímenes y demostrar que eran sistemáticos, masivos y planificados. La diversidad del material refleja el trabajo de reconstrucción de la trama represiva que existía en ese momento y que recorría desde la institución más capilar, el Centro Clandestino de Detención (CCD), hasta las estructuras e ideologías que fundamentaban el proceder de las fuerzas represivas.
A partir de 1983, la acción fundamental del CELS en el campo de la documentación se orientó a elaborar pruebas para sustentar las acciones judiciales, en torno al Juicio a las Juntas y otras causas iniciadas. Se profundizó, entonces, la tarea de sistematización de los datos elaborados durante la dictadura. El resultado de este trabajo se reflejó en diferentes acciones. Entre ellas, el sostén de las acciones de la Comisión Técnica de Recopilación de Datos y luego la Comisión Nacional de Desaparición Forzada de Personas (CONADEP); y la publicación, en 1986, del libro “692 responsables”.
En 1984, en el marco del 5° Congreso FEDEFAM, el CELS expuso la práctica laboral del CEDOC. En ese momento estaba constituido por 6 miembros. Se definió como un centro de documentación al servicio del pueblo cuyo objetivo principal fue informar con rapidez, eficiencia, precisión y confiabilidad. La tarea archivística se comprendió, desde entonces, como perspectiva desde la cual dar lugar a voces que no sean sólo las oficiales. La idea era evitar la omisión de la historia del movimiento popular. Para ello, el CEDOC recibía información significativa y datos precisos de referencia para grupos de acción y difusión de la causa popular. De este modo, el archivo se construyó como herramienta dinámica de consulta para generar acciones.
Una especificidad de este trabajo fue la idea de convertir lo solitario en solidario. Este movimiento era facilitado por la acción de reconstrucción a partir de la reunión de información que llegaba como caso aislado. De este modo, cada padecimiento aparentemente individual iba encontrando su lugar entre otros casos que devolvieron la trama a lo sucedido.
La Coordinación y actividades del CEDOC se desarrollaron por diferentes trabajadores a lo largo del tiempo: Alicia Martín, Cristina Caitai, Daniel Frontalini, Daniel Toribio, corina Norro, Fanny Bendersky, Esther Moreno, Marcel Bertolesi.

Esta serie reúne la documentación producida por les fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el marco de su trabajo en la institución. La documentación se encuentra organizada de acuerdo al orden asignado en el momento de producción, en agrupamientos por nombre. La serie está organizada en 6 subseries: Boris Pasik, Élida Galletti, Matilde Mellivobsky, Augusto Conte Mac Donnell, Emilio Fermín Mignone y Alfredo Galletti.

Esta sección reúne la documentación producida por CELS desde mediados de la década del 80 hasta la actualidad a partir de las investigaciones, estudios y litigios realizados en torno de las problemáticas de violencia institucional, en democracia. También refleja la construcción de alianzas con otras organizaciones sociales y el trabajo con familiares de víctimas de la represión policial. Incluye publicaciones, insumos de investigación y elaboración de estadísticas propias.

Se agrupa en 48 cajas de documentación en papel que se encuentra inventariada, lo que se complementa con la documentación electrónica que aún no ha sido tratada archivísticamente.

La serie "Base de datos" responde a los inicios del trabajo sostenido desde 1996 de recolección y sistematización de información de casos de violencia policial publicados en periódicos y la producción de datos estadísticos propios. https://violenciapolicial.org.ar/

Estas líneas de trabajo en el CELS tuvieron origen a mediados de los años 80 cuando la organización comenzó a trabajar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia. En 1986, abogados y abogadas del CELS comenzaron a atender denuncias sobre violencia ejercida por funcionarios policiales, se realizaron investigaciones para analizar y comprender la problemática. Un año después se constituyó un programa de trabajo específico para realizar una investigación interdisciplinaria sobre detenciones policiales. Entre otras acciones, el CELS generó una red con organizaciones villeras y centros de estudiantes para recibir denuncias, presentó una acción de hábeas corpus a favor de personas detenidas a consecuencia de una razzia realizada en el barrio General Belgrano —Villa Oculta— de la Capital Federal.

El CELS se sumó a la Campaña antirazzias organizada por la Comunidad Homosexual Argentina y sostuvo denuncias sobre la ilegalidad de estos procedimientos.

La estrategia de litigio estratégico implicó llevar causas en tribunales locales e internacionales como, entre muchos otros, el caso de Walter Bulacio por detención ilegal y abuso de la fuerza ante Sistema Interamericano de Derechos Humanos; el caso del policía Hugo Airali que permitió poner en discusión las leyes orgánicas de la Policía Federal; el amparo colectivo por el derecho a la participación política de los presos sin condena; el caso Tiscornia, por acceso a la información producida por la Policía Federal Argentina, el caso de Darío Riquelme y Mariano Witis que permitió problemátizar diversas dimensiones del uso ilegal de la fuerza por parte de la Policía Bonaerense. Más cerca en el tiempo, el CELS también ha acompañado y litigado casos en los que se investigan formas de desaparición en democracia, como los casos de Luciano Arruga y de Santiago Maldonado.

En 1995 comenzó a funcionar el “Programa Violencia Institucional, seguridad ciudadana y derechos humanos”, dirigido por Sofía Tiscornia e integrado por María Victoria Pita, María Angélica Villarruel, Gastón Chillier y Gustavo Palmieri, Mercedes Korim, Josefina Martínez y Vanina Lekerman. Desde entonces la agenda de trabajo se ha ampliado al análisis de políticas de seguridad, elaboración de propuestas de regulación y control del uso de la fuerza, análisis y denuncia de lógicas de violencia institucional en diferentes contextos de encierro.

Desde la represión del 19 y 20 de diciembre el CELS sostiene un trabajo de investigación, denuncia y litigio sobre la respuesta estatal a las protestas sociales, en dimensiones tales como la represión, la criminalización, la inteligencia ilegal a organizaciones sociales y políticas y el modo en que se procesan las demandas. Desde entonces, el CELS ha investigado y litigado numerosos casos en los que la respuesta estatal al ejercicio del derecho a la protesta ocasionó muertes, la mayoría de personas muy jóvenes y afectó la salud y la integridad física de cientos de manifestantes: el 19 y 20 de diciembre de 2001, la Masacre de Avellaneda en 2002, las represiones a las comunidades Qom en Formosa en 2010, el asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, la represión en el Parque Indoamericano en 2010, la Masacre de La Cárcova en 2011 y la cacería policial del 8 de marzo de 2017 luego de la manifestación con la que cerró el Paro Internacional de Mujeres en Buenos Aires son algunos de ellos. La persecución penal de los referentes sociales también ha sido una preocupación central, como la criminalización de la dirigente Milagro Sala y de la agrupación a la que pertenece, la Organización Barrial Túpac Amaru, en la provincia de Jujuy.

Esta sección reúne documentación producida por los y las integrantes de la CD en el marco de sus funciones. Incluye denuncias judiciales, informes y presentaciones, formularios, memorándums internos, correspondencia con familiares y autoridades nacionales e internacionales. Incluye la documentación relativa a las primeras acciones realizadas por la CD entre 1979 y 1984. Entre ellas se halla la preparación de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en septiembre de 1979, la participación en el Coloquio de París en febrero de 1982 y la sistematización de la documentación realizada por la Comisión Técnica para la recopilación de datos en 1983.
La Comisión Directiva (CD) fue establecida desde la fundación del CELS como el órgano de conducción con el objetivo de dirigir y administrar a la asociación. En sus inicios estuvo conformada por las y los fundadores de la institución: Emilio Fermín Mignone, Angélica Paula Sosa de Mignone, Augusto Conte Mac Donell, Boris Pasik, Carmen Aguiar de Lapacó, Alfredo F. Galletti, José Federico Trinidad Westerkamp, Noemí Fiorito de Labrune.
La CD ha sido integrada por más de 40 años por familiares, activistas, destacados referentes de derechos humanos, sindicales, sociales y culturales, y académicos: Matilde Saidler de Mellibovsky, Santiago Mellibovsky, Graciela Colombo, Agustín Colombo, Ángela Westerkamp, Fanny Bendersky, Alicia Oliveira, Marcelo Parrilli, Luis Zamora, Alberto Binder, Susana Albanese, Enrique Oteiza, María Teresa Flores, Alejandro Incháurregui, Patricia Valdez, Alicia Logiudice, Alejandro Incháurregui, Cristian Courtis, Leonardo Franco, Lilia Ferreyra, Rodolfo Mattarollo, Luis Fondebrider, Darío Olmo, Gilou García Reynoso, Carlos Acuña, Eduardo Basualdo.
Para conocer la integración actual de la Comisión Directiva ver: https://www.cels.org.ar/web/organizacion/comision-directiva/

La mayor parte de este material está referido a las violaciones a derechos humanos durante la dictadura cívico militar ocurrida en Argentina entre 1976 y 1983.