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Reference code
Title
Date(s)
- 1987-2021 (Accumulation)
Level of description
Part
Extent and medium
48 Cajas
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Name of creator
Administrative history
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es un organismo de derechos humanos argentino creado en 1979, durante la última dictadura militar, por madres y padres de jóvenes detenides-desaparecides y preses polítiques. Promueve la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional. Para llevar adelante esta agenda el CELS recurre al litigio estratégico nacional e internacional, la investigación, la alianza con otras organizaciones, la incidencia en políticas públicas y la comunicación. Este trabajo se realiza en alianza con otras organizaciones y movimientos nacionales, regionales e internacionales.
Desde los inicios de su actividad, se conformó un fondo documental con el objetivo de documentar violaciones a los derechos humanos, registrar casos, identificar responsables y metodologías represivas.
En sus primeros años, el CELS llevó adelante la lucha por la verdad y la justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Entonces la estructura incluía una comisión directiva, un equipo jurídico, un centro de documentación y un equipo de Salud Mental. En ese momento, el trabajo en torno de la documentación testimonial fue central: se recibían testimonios y documentación personal de los familiares de las víctimas a quienes patrocinó.
A partir del inicio de la democracia en 1983, el CELS continuó la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado y la asistencia a las víctimas (a través de la participación en Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino -OSEA-, entre otras acciones). En 1986, tras el dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el CELS impulsó las campañas de rechazo a la impunidad, trabajó activamente en los procesos y denunció internacionalmente las leyes de impunidad.
En democracia, el CELS amplió su agenda a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el presente, a sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. Durante los 80 se puso en marcha el Programa de Apoyo Jurídico Popular y el Programa de Violencia policial.
En 1994 se inició un proceso de reformulación institucional, se diversificó la agenda temática y se organizaron los equipos de trabajo en Áreas y Programas. Además, se fortaleció el rol del Director Ejecutivo con el objetivo de profesionalizar la gestión institucional, garantizar la sustentabilidad económica, consolidar y organizar el equipo de trabajo, sostener la perspectiva institucional en los vínculos con la prensa y las autoridades estatales, entre otros objetivos. También se consolidó la Comisión Directiva.
En este período se establece un convenios con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que dio lugar a la práctica profesional para estudiantes de finalización de carrera que se sostiene en el presente. También el vínculo con el Equipo de Antropología Jurídica y Política de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, para el desarrollo de múltiples investigaciones sobre problemáticas de derechos humanos y reflexiones sobre las formas de activismo.
Hoy las principales áreas de trabajo son: la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado; la violencia institucional y las políticas de encarcelamiento como ámbitos de violación de los derechos humanos; la inclusión social y los derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en el acceso a la tierra y a un hábitat digno; las políticas públicas en materia de salud mental; las reformas del sistema de justicia, los derechos de las personas migrantes, los derechos sexuales y reproductivos, y la libertad de expresión.
Repository
Archival history
Esta sección reúne la documentación agrupada como división "Violencia Institucional" en la clasificación realizada en 2007. Parte de la documentación había sido producida y conservada en el CEDOC. Algunas agrupaciones documentales fueron transferidas a inicios de los años 2000 desde el Programa de Violencia Institucional al Archivo.
En el marco del Proyecto del Ministerio de Cultura (2022-2023), titulado: "Derechos humanos y patrimonio sonoro: aportes al proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina" hemos realizado la identificación y clasificación del material sonoro de la totalidad del Fondo CELS que permitió registrar la totalidad de 7 cajas de unidades documentales en formato Cassette.
La documentación electrónica producida por el área no cuenta aún con tratamiento archivístico.
Immediate source of acquisition or transfer
Material producido y/o reunido por el CELS.
Content and structure area
Scope and content
Esta sección reúne la documentación producida por CELS desde mediados de la década del 80 hasta la actualidad a partir de las investigaciones, estudios y litigios realizados en torno de las problemáticas de violencia institucional, en democracia. También refleja la construcción de alianzas con otras organizaciones sociales y el trabajo con familiares de víctimas de la represión policial. Incluye publicaciones, insumos de investigación y elaboración de estadísticas propias.
Se agrupa en 48 cajas de documentación en papel que se encuentra inventariada, lo que se complementa con la documentación electrónica que aún no ha sido tratada archivísticamente.
La serie "Base de datos" responde a los inicios del trabajo sostenido desde 1996 de recolección y sistematización de información de casos de violencia policial publicados en periódicos y la producción de datos estadísticos propios. https://violenciapolicial.org.ar/
Estas líneas de trabajo en el CELS tuvieron origen a mediados de los años 80 cuando la organización comenzó a trabajar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia. En 1986, abogados y abogadas del CELS comenzaron a atender denuncias sobre violencia ejercida por funcionarios policiales, se realizaron investigaciones para analizar y comprender la problemática. Un año después se constituyó un programa de trabajo específico para realizar una investigación interdisciplinaria sobre detenciones policiales. Entre otras acciones, el CELS generó una red con organizaciones villeras y centros de estudiantes para recibir denuncias, presentó una acción de hábeas corpus a favor de personas detenidas a consecuencia de una razzia realizada en el barrio General Belgrano —Villa Oculta— de la Capital Federal.
El CELS se sumó a la Campaña antirazzias organizada por la Comunidad Homosexual Argentina y sostuvo denuncias sobre la ilegalidad de estos procedimientos.
La estrategia de litigio estratégico implicó llevar causas en tribunales locales e internacionales como, entre muchos otros, el caso de Walter Bulacio por detención ilegal y abuso de la fuerza ante Sistema Interamericano de Derechos Humanos; el caso del policía Hugo Airali que permitió poner en discusión las leyes orgánicas de la Policía Federal; el amparo colectivo por el derecho a la participación política de los presos sin condena; el caso Tiscornia, por acceso a la información producida por la Policía Federal Argentina, el caso de Darío Riquelme y Mariano Witis que permitió problemátizar diversas dimensiones del uso ilegal de la fuerza por parte de la Policía Bonaerense. Más cerca en el tiempo, el CELS también ha acompañado y litigado casos en los que se investigan formas de desaparición en democracia, como los casos de Luciano Arruga y de Santiago Maldonado.
En 1995 comenzó a funcionar el “Programa Violencia Institucional, seguridad ciudadana y derechos humanos”, dirigido por Sofía Tiscornia e integrado por María Victoria Pita, María Angélica Villarruel, Gastón Chillier y Gustavo Palmieri, Mercedes Korim, Josefina Martínez y Vanina Lekerman. Desde entonces la agenda de trabajo se ha ampliado al análisis de políticas de seguridad, elaboración de propuestas de regulación y control del uso de la fuerza, análisis y denuncia de lógicas de violencia institucional en diferentes contextos de encierro.
Desde la represión del 19 y 20 de diciembre el CELS sostiene un trabajo de investigación, denuncia y litigio sobre la respuesta estatal a las protestas sociales, en dimensiones tales como la represión, la criminalización, la inteligencia ilegal a organizaciones sociales y políticas y el modo en que se procesan las demandas. Desde entonces, el CELS ha investigado y litigado numerosos casos en los que la respuesta estatal al ejercicio del derecho a la protesta ocasionó muertes, la mayoría de personas muy jóvenes y afectó la salud y la integridad física de cientos de manifestantes: el 19 y 20 de diciembre de 2001, la Masacre de Avellaneda en 2002, las represiones a las comunidades Qom en Formosa en 2010, el asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, la represión en el Parque Indoamericano en 2010, la Masacre de La Cárcova en 2011 y la cacería policial del 8 de marzo de 2017 luego de la manifestación con la que cerró el Paro Internacional de Mujeres en Buenos Aires son algunos de ellos. La persecución penal de los referentes sociales también ha sido una preocupación central, como la criminalización de la dirigente Milagro Sala y de la agrupación a la que pertenece, la Organización Barrial Túpac Amaru, en la provincia de Jujuy.
Appraisal, destruction and scheduling
Se desconoce.
Accruals
Abierta
System of arrangement
Esta sección se organiza en 6 series:
- Base de Datos
- Seminarios y Encuentros
- Investigaciones y publicaciones
- Proyectos de investigación
- Documentos de Trabajo
- Cassettes
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Creación: 05/2023 Anabella Schoenle