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Esta sección reúne la documentación producida por CELS desde mediados de la década del 80 hasta la actualidad a partir de las investigaciones, estudios y litigios realizados en torno de las problemáticas de violencia institucional, en democracia. También refleja la construcción de alianzas con otras organizaciones sociales y el trabajo con familiares de víctimas de la represión policial. Incluye publicaciones, insumos de investigación y elaboración de estadísticas propias.
Se agrupa en 48 cajas de documentación en papel que se encuentra inventariada, lo que se complementa con la documentación electrónica que aún no ha sido tratada archivísticamente.
La serie "Base de datos" responde a los inicios del trabajo sostenido desde 1996 de recolección y sistematización de información de casos de violencia policial publicados en periódicos y la producción de datos estadísticos propios. https://violenciapolicial.org.ar/
Estas líneas de trabajo en el CELS tuvieron origen a mediados de los años 80 cuando la organización comenzó a trabajar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia. En 1986, abogados y abogadas del CELS comenzaron a atender denuncias sobre violencia ejercida por funcionarios policiales, se realizaron investigaciones para analizar y comprender la problemática. Un año después se constituyó un programa de trabajo específico para realizar una investigación interdisciplinaria sobre detenciones policiales. Entre otras acciones, el CELS generó una red con organizaciones villeras y centros de estudiantes para recibir denuncias, presentó una acción de hábeas corpus a favor de personas detenidas a consecuencia de una razzia realizada en el barrio General Belgrano —Villa Oculta— de la Capital Federal.
El CELS se sumó a la Campaña antirazzias organizada por la Comunidad Homosexual Argentina y sostuvo denuncias sobre la ilegalidad de estos procedimientos.
La estrategia de litigio estratégico implicó llevar causas en tribunales locales e internacionales como, entre muchos otros, el caso de Walter Bulacio por detención ilegal y abuso de la fuerza ante Sistema Interamericano de Derechos Humanos; el caso del policía Hugo Airali que permitió poner en discusión las leyes orgánicas de la Policía Federal; el amparo colectivo por el derecho a la participación política de los presos sin condena; el caso Tiscornia, por acceso a la información producida por la Policía Federal Argentina, el caso de Darío Riquelme y Mariano Witis que permitió problemátizar diversas dimensiones del uso ilegal de la fuerza por parte de la Policía Bonaerense. Más cerca en el tiempo, el CELS también ha acompañado y litigado casos en los que se investigan formas de desaparición en democracia, como los casos de Luciano Arruga y de Santiago Maldonado.
En 1995 comenzó a funcionar el “Programa Violencia Institucional, seguridad ciudadana y derechos humanos”, dirigido por Sofía Tiscornia e integrado por María Victoria Pita, María Angélica Villarruel, Gastón Chillier y Gustavo Palmieri, Mercedes Korim, Josefina Martínez y Vanina Lekerman. Desde entonces la agenda de trabajo se ha ampliado al análisis de políticas de seguridad, elaboración de propuestas de regulación y control del uso de la fuerza, análisis y denuncia de lógicas de violencia institucional en diferentes contextos de encierro.
Desde la represión del 19 y 20 de diciembre el CELS sostiene un trabajo de investigación, denuncia y litigio sobre la respuesta estatal a las protestas sociales, en dimensiones tales como la represión, la criminalización, la inteligencia ilegal a organizaciones sociales y políticas y el modo en que se procesan las demandas. Desde entonces, el CELS ha investigado y litigado numerosos casos en los que la respuesta estatal al ejercicio del derecho a la protesta ocasionó muertes, la mayoría de personas muy jóvenes y afectó la salud y la integridad física de cientos de manifestantes: el 19 y 20 de diciembre de 2001, la Masacre de Avellaneda en 2002, las represiones a las comunidades Qom en Formosa en 2010, el asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, la represión en el Parque Indoamericano en 2010, la Masacre de La Cárcova en 2011 y la cacería policial del 8 de marzo de 2017 luego de la manifestación con la que cerró el Paro Internacional de Mujeres en Buenos Aires son algunos de ellos. La persecución penal de los referentes sociales también ha sido una preocupación central, como la criminalización de la dirigente Milagro Sala y de la agrupación a la que pertenece, la Organización Barrial Túpac Amaru, en la provincia de Jujuy.

Esta serie reúne documentos de trabajo de las actividades de gestión del CEDOC. Se pueden encontrar apuntes, informes, procesos de trabajo de publicaciones sobre organización de la documentación, sistematización de información, publicidad del modo de construcción de datos a partir de documentación asociada.
La serie se compone de 178 unidades documentales compuestas.

Esta serie reúne las publicaciones y borradores producidos por el CELS en la elaboración de publicaciones, estudios o documentos de trabajo publicados. El material en papel corresponde a ejemplares de respaldo que se conservan para su preservación. Todas las publicaciones se encuentran disponibles para su consulta en sala en la Biblioteca del CELS (https://www.cels.org.ar/web/bibliotecaarchivo/biblioteca/) o a través de la página web institucional en donde pueden hallarse las publicaciones históricas digitalizadas y aquellas que fueron elaboradas en formato electrónico (https://www.cels.org.ar/web/).

Esta serie reúne la documentación del Proyecto de Microfilmación y procesamiento en base de datos de los archivos periodísticos, jurídico y documental desarrollado por el CEDOC entre 1990 y 1992. Este proyecto y su realización tuvieron como objetivo de sistematizar y realizar una copia de la información vital para los derechos humanos en un soporte de resguardo moderno.
La serie se compone de 49 unidades documentales compuestas.

Esta serie contiene información reunida y producida por el CEDOC, sobre estructuras de responsabilidad, organigramas y trabajos teóricos sobre las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado. Incluye diversos tipos de documentos como legislación represiva, mapas y planos, testimonios, documentación jurídica, listados, documentación periodística, correspondencia y listados. se encuentran digitalizada.
De acuerdo a la lógica institucional reseñada anteriormente y respetando el principio de orden original de la documentación se constituyen siete subseries diferenciadas temáticamente pero que están necesariamente articuladas.
En este conjunto se encuentran documentos jurídicos y/o testimoniales que requieren permisos específicos a evaluar en cada caso.

Esta subserie reúne listados de responsables del terrorismo de Estado reunidos o producidos por el CEDOC entre 1976 a 1983. Contiene mayormente listados pero también incluye publicaciones, notas, borradores, cuadros, escritos, correspondencia, legajos de personal, fojas de servicio, información recopilada sobre miembros de las fuerzas armadas y policiales, funcionarios del poder judicial, políticos y religiosos que cumplieron funciones o tuvieron participación en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Incluye investigaciones propias, material periodístico, legislación secreta o material de inteligencia que proviene de procesos jurídicos, denuncias individuales y de organizaciones, así como documentos desclasificados por distintos organismos gubernamentales.
Se encuentra limitado al acceso a la consulta pública. La restricción a este conjunto responde a su potencial uso en causas judiciales.

La sección Gestión Institucional está integrada por cinco agrupaciones documentales que refieren a actividades transversales de la organización, cuya producción no fue realizada por un un área o programa particular, sino que fue elaborada en conjunto por varias de ellas.
La serie Publicaciones agrupa los textos preparatorios y las publicaciones (libros, artículos, cuadernillos, etc) del CELS.
La serie Comunicados reúne presentaciones y comunicados institucionales producidos por la organización para dar a conocer públicamente sus posiciones y acciones.
La serie Memorándums Internos incluye los memorándums y la correspondencia interna elaborados por les integrantes del CELS en el marco de la realización de sus tareas.
La serie Documentos de otras organizaciones agrupa documentación producida por otras organizaciones y reunida por el CELS en conjuntos documentales que se encuentran organizados por nombre de la organización de origen (incluye organizaciones de tipo sindical, derechos humanos, políticas, feministas, de solidaridad, educativas, ecuménicas, religiosas, científicas, periodísticas, entre otras).
La serie Correspondencia contiene notas, cartas e intercambios de todo el CELS con referentes, familiares, víctimas, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, no gubernamentales y gubernamentales.

Historia institucional
Hasta la década del 90, la documentación de esta sección fue producida y centralizada por la responsable de prensa y responsable del Área de documentación. Es el caso de la producción de comunicados, publicaciones, la conservación de la correspondencia y memos institucionales. Las series de esta sección presentan una organización homogénea a lo largo de esos años.
A partir de la mitad de la década del 90, la producción híbrida en formatos electrónico y de papel y, luego, la incorporación del correo electrónico y redes sociales, transformaron las formas de producir, ordenar y conservar la documentación. La documentación en soporte electrónico aún no ha sido abordada desde una perspectiva archivística.

El Fondo CELS incluye la documentación producida o reunida en el desarrollo de acciones en defensa de los derechos humanos, desde su fundación del CELS hasta la actualidad. Se encuentra organizado en 17 secciones. Las secciones reflejan la estructura orgánica y las series documentales reflejan las funciones que ha adquirido la organización. Se considera documentación histórica los documentos producidos o reunidos entre 1979 y 1994 y documentación corriente desde esa fecha hasta la actualidad. Esta distinción del fondo está asociada a los cambios organizacionales de la institución. La documentación producida se encuentra agrupada de acuerdo a las distintas áreas, funciones y programas.
Durante la dictadura el trabajo de la institución se centró en la posibilidad del litigio como herramienta distintiva del trabajo institucional, por lo que la documentación producida se relaciona a las causas judiciales llevadas adelante por la institución tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, la construcción de un Archivo documental, conformado a partir de diferentes fuentes (periodísticas, legislativas, bibliográficas) fue fundamental para la identificación de responsables, víctimas y metodologías represivas. La documentación testimonial de familiares y víctimas dio lugar a la producción de informes, análisis, ensayos. Durante este período se produjo también documentación relativa a la asistencia a víctimas.
En democracia, el CELS incorporó la revisión de legajos de la dictadura para cargos públicos, el juzgamiento de las Fuerzas Armadas, la repatriación de exiliados, la publicación de estudios e informes con el fin de visibilizar los crímenes y sus efectos y la construcción de alianzas internacionales. Amplió su agenda a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el presente, a sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. La documentación desde los 80 incluye informes, estudios, registros sobre el Programa de Apoyo Jurídico Popular y el Programa de Violencia Policial. También se halla documentación sobre el estudio y promoción sobre el derecho internacional de los derechos humanos, los juicios por el Derecho a la Verdad, litigios por acceso a la información y a la libertad de expresión, acciones destinadas a fortalecer la democracia y la administración de justicia, la creación de la Clínica Jurídica, la promoción de la exigibilidad de los derechos económicos sociales y culturales en los tribunales, la promoción de reformas legislativas y policiales, entre otros temas. Hoy, las principales áreas de trabajo son: la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado; la violencia institucional y las políticas de encarcelamiento como ámbitos de violación de los derechos humanos; la inclusión social y los derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en el acceso a la tierra y a un hábitat digno; las políticas públicas en materia de salud mental; las reformas del sistema de justicia, los derechos de las personas migrantes, los derechos sexuales y reproductivos, y la libertad de expresión.

Esa sección reúne los documentos producidos y reunidos por el Equipo de Salud Mental desde su creación en los primeros años de la institución hasta la actualidad. Incluye bibliografía, informes, memorándums, artículos, correspondencia, proyectos de financiamiento y documentos de trabajo.
Hasta 2003 la documentación se encuentra en papel, organizada en cajas e inventariada. A partir de esa fecha, la documentación conservada es principalmente electrónica y aún no ha tenido tratamiento archivístico.

Historia institucional
La atención psicoterapéutica fue una de las formas de intervención del movimiento argentino de derechos humanos desde sus inicios, tanto en el país como en el exilio. La psicoterapia, en particular el psicoanálisis, fue uno de los primeros ámbitos donde empezaron a emerger los testimonios de las crueldades del terrorismo de Estado, tanto por parte de sobrevivientes de la detención clandestina y la tortura, como de familiares y de niñes apropiades.
En los primeros años del CELS, un grupo de psicólogas y psicoanalistas se agruparon como Equipo para la asistencia de quienes se acercaban a la institución. La capacidad de atención se fue incrementando con una mayor cantidad de profesionales y por la articulación con otras instituciones.
En 1984 se formalizó la creación del Equipo de Salud Mental, que en rigor había comenzado a funcionar varios años antes. Laura Jordán de Conte fue la primera coordinadora del equipo integrado por sus fundadoras Elena Lenhardtson, Matilde Ruderman y Ana Goldberg, junto a los psicólogos Rubén García, Javier Mignone y Oscar Rassori. Los efectos del exilio, los procesos de restitución de niñes apropiades, el trauma social y sus efectos en las víctimas fueron algunos de los principales temas y ejes de trabajo clínico y teórico.
El equipo promovió debates en los espacios académicos y profesionales en los que sus integrantes participaban. También participó de la introducción de una perspectiva de salud mental articulada con los derechos humanos en la universidad pública, tanto en la investigación como en la docencia. Articuló regionalmente su trabajo en el Centro de Documentación e Investigación Científica en Salud Mental y Derechos Humanos (CEDDI) y en otras redes y congresos regionales e internacionales.
Las diferentes etapas que atravesó el proceso de memoria, verdad y justicia marcaron el trabajo en la clínica. Su pulso se imprimió en las posibilidades de elaborar la crueldad padecida y sus formas particulares. Esto consta en los registros del equipo sobre los primeros años de la democracia, marcados por el retorno del exilio, el trabajo de la CONADEP y el Juicio a las Juntas; el impacto de las leyes de impunidad y los indultos; los levantamientos militares de 1987, 1988 y 1990; las políticas de reparación económica y el contexto marcado por el testimonio del exmilitar Adolfo Scilingo y los Juicios por la Verdad.
De la misma forma, la participación del equipo en casos del CELS ligados a violaciones de derechos humanos ocurridas en democracia –sobre hechos de violencia institucional– implicó una ampliación temática y de las formas de trabajo. Para este tiempo, la organización había comenzado a abordar algunos casos con una estrategia interdisciplinaria: acciones de comunicación, investigación, propuestas de políticas públicas y acompañamiento del equipo de salud mental. Eso se tradujo, para el equipo, en un trabajo con víctimas de hechos por los que el CELS estaba litigando, estrechamente ligado a la estrategia judicial.
Esta modalidad de articulación interdisciplinaria, que desde la perspectiva de la salud mental se denomina como “abordaje psico-jurídico”, fue enriquecedora para la estrategia integral de los casos y para la experiencia de contacto de los familiares con el Poder Judicial. Con el tiempo, el equipo de salud mental sistematizó esta práctica profesional que se extendió cada vez a más causas en las que litiga el CELS.
El recorrido de 40 años del equipo de salud mental en una organización de derechos humanos da cuenta de la riqueza del trabajo interdisciplinario, de la atención a los aspectos subjetivos de las personas a las que el CELS representa en instancias legales y de la adaptación a las demandas de cada época. Desde su origen, el equipo se sostiene con coordenadas éticas, conceptuales y técnicas que lo dotan de una identidad particular.
Las coordinadoras del ESM han sido Laura Jordán de Conte (1984-2000), Graciela Guilis (2000-2006), Roxana Amendolaro (2006-2010), Macarena Sabin Paz (2010-hasta la actualidad).

Esta serie reúne distintos tipos de documentación producida en el marco de la agenda de trabajo sobre violencia policial e institucional, sobre diferentes temas.

La serie se compone de 151 unidades documentales compuestas.