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Esta subserie reúne documentación producida o reunida por Emilio Mignone y documentación generada a partir de su fallecimiento. Sobre su fallecimiento en 1998, se encuentran homenajes escritos, condolencias y notas sobre su figura. Además, hay aquí reunidos artículos y publicaciones de Mignone, principalmente de la década de 1980, así como, correspondencia vinculada a su labor en derechos humanos. En ese conjunto se incluye documentación sobre la presentación de Emilio al premio ONU 1998.

Emilio Fermín Mignone es uno de los principales referentes y defensores de los derechos humanos de la Argentina. Nació en Luján, Provincia de Buenos Aires, en 1922 y murió el 21 de diciembre de 1998. Fue un actor central del movimiento de derechos humanos que surgió como resistencia a la última dictadura. Participó desde sus orígenes en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y fue co-fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presidió desde su creación el 14 de marzo de 1980 y hasta el último de sus días. A partir de 1985, el CELS conformó un Comité Ejecutivo, que Mignone integró. Durante aquellos años, Mignone protagonizó la denuncia por las violaciones a los derechos humanos en ámbitos internacionales y explicó el significado de la noción de Terrorismo de Estado.
En 1981, junto a Augusto Conte, redactó la llamada “doctrina del ‘paralelismo global’”, que resultó una pieza fundamental en la comprensión del funcionamiento del Terrorismo de Estado y un marco explicativo fundamental hasta nuestros días.
Desde el fin de la dictadura en 1983, Mignone participó de los juicios contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Ese mismo año, retomó su actividad académica, participó en diversos proyectos de investigación en sus campos de actuación profesional, a los que sumó el conocimiento a partir de su experiencia reciente: la planificación educativa, la transferencia científica y tecnológica, a los que se agregaban las relaciones entre políticas de derechos humanos y educación y la revisión de las relaciones entre la Iglesia católica y la sociedad argentina.
En 1986 Mignone publicó Iglesia y Dictadura, libro en el que revisó el papel de ciertos círculos de la jerarquía eclesiástica en relación con la política represiva de la dictadura. El libro fue traducido al inglés, francés, italiano y portugués. En 1991 publicó Derechos Humanos y Sociedad, en el que plasmó la experiencia y proyección del movimiento que había contribuido a formar hasta entonces.
La sanción de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” en 1986 y 1987, y los decretos de indulto en 1989 y 1991, implicaron cambios drásticos para el movimiento de derechos humanos en la Argentina y en las actividades de Mignone. Por una parte, dieron inicio a otra etapa de la lucha por justicia, ahora enfocada en contra de la impunidad (por la anulación de dichas leyes e indultos y la reapertura de los juicios). Por otra, se reforzó la labor sobre el ejercicio de derechos humanos en democracia.
A partir de 1989, Mignone tuvo una mayor participación en las políticas públicas de gestión educativa. Participó en los equipos técnicos de las reformas educativas emprendidas durante esos años, y fue nombrado como titular de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.
El 14 de mayo de 1976, su hija Mónica María Candelaria, psicopedagoga, docente de la Universidad de Luján y participante de proyectos de promoción social en villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, fue secuestrada en su domicilio por las fuerzas de seguridad, en el marco del plan represivo implementado por la dictadura cívico-militar.
A partir de entonces, Mignone y Chela dedicaron sus vidas a buscar a su hija, que permanece desaparecida, y a la búsqueda de verdad, memoria y justicia por todos los crímenes ocurridos durante el terrorismo de Estado.
En la actualidad el material está ordenado e inventariado, con tratamiento de preservación realizado y digitalizado. La subserie se compone de 139 unidades documentales compuestas.

Esta sección incluye los documentos producidos por el Área de Litigio del CELS desde su conformación hasta la actualidad. El Área de Litigio fue establecida a partir de la reestructuración institucional de 1994, como continuidad del Área Jurídica. Trabaja de forma transversal en las agendas de trabajo del CELS, en la coordinación de las estrategia jurídicas de las causas judiciales. Desde el año 2008 está coordinada por Diego Morales.
La sección se encuentra dividida en dos subsecciones vinculadas a las funciones del área. La subsección Causas judiciales agrupa la documentación producida en los procesos judiciales que litiga el CELS, tanto a nivel nacional como internacional. La segunda subsección agrupa los documentos producidos o reunidos en el marco de otras acciones de trabajo del Área de Litigio, como la Clínica Jurídica, investigaciones, sistematización de información, elaboración de publicaciones, propuestas de proyectos de ley, reunión de jurisprudencia, entre otras actividades.

Esta sección reúne la documentación producida por CELS desde mediados de la década del 80 hasta la actualidad a partir de las investigaciones, estudios y litigios realizados en torno de las problemáticas de violencia institucional, en democracia. También refleja la construcción de alianzas con otras organizaciones sociales y el trabajo con familiares de víctimas de la represión policial. Incluye publicaciones, insumos de investigación y elaboración de estadísticas propias.
Se agrupa en 48 cajas de documentación en papel que se encuentra inventariada, lo que se complementa con la documentación electrónica que aún no ha sido tratada archivísticamente.
La serie "Base de datos" responde a los inicios del trabajo sostenido desde 1996 de recolección y sistematización de información de casos de violencia policial publicados en periódicos y la producción de datos estadísticos propios. https://violenciapolicial.org.ar/
Estas líneas de trabajo en el CELS tuvieron origen a mediados de los años 80 cuando la organización comenzó a trabajar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia. En 1986, abogados y abogadas del CELS comenzaron a atender denuncias sobre violencia ejercida por funcionarios policiales, se realizaron investigaciones para analizar y comprender la problemática. Un año después se constituyó un programa de trabajo específico para realizar una investigación interdisciplinaria sobre detenciones policiales. Entre otras acciones, el CELS generó una red con organizaciones villeras y centros de estudiantes para recibir denuncias, presentó una acción de hábeas corpus a favor de personas detenidas a consecuencia de una razzia realizada en el barrio General Belgrano —Villa Oculta— de la Capital Federal.
El CELS se sumó a la Campaña antirazzias organizada por la Comunidad Homosexual Argentina y sostuvo denuncias sobre la ilegalidad de estos procedimientos.
La estrategia de litigio estratégico implicó llevar causas en tribunales locales e internacionales como, entre muchos otros, el caso de Walter Bulacio por detención ilegal y abuso de la fuerza ante Sistema Interamericano de Derechos Humanos; el caso del policía Hugo Airali que permitió poner en discusión las leyes orgánicas de la Policía Federal; el amparo colectivo por el derecho a la participación política de los presos sin condena; el caso Tiscornia, por acceso a la información producida por la Policía Federal Argentina, el caso de Darío Riquelme y Mariano Witis que permitió problemátizar diversas dimensiones del uso ilegal de la fuerza por parte de la Policía Bonaerense. Más cerca en el tiempo, el CELS también ha acompañado y litigado casos en los que se investigan formas de desaparición en democracia, como los casos de Luciano Arruga y de Santiago Maldonado.
En 1995 comenzó a funcionar el “Programa Violencia Institucional, seguridad ciudadana y derechos humanos”, dirigido por Sofía Tiscornia e integrado por María Victoria Pita, María Angélica Villarruel, Gastón Chillier y Gustavo Palmieri, Mercedes Korim, Josefina Martínez y Vanina Lekerman. Desde entonces la agenda de trabajo se ha ampliado al análisis de políticas de seguridad, elaboración de propuestas de regulación y control del uso de la fuerza, análisis y denuncia de lógicas de violencia institucional en diferentes contextos de encierro.
Desde la represión del 19 y 20 de diciembre el CELS sostiene un trabajo de investigación, denuncia y litigio sobre la respuesta estatal a las protestas sociales, en dimensiones tales como la represión, la criminalización, la inteligencia ilegal a organizaciones sociales y políticas y el modo en que se procesan las demandas. Desde entonces, el CELS ha investigado y litigado numerosos casos en los que la respuesta estatal al ejercicio del derecho a la protesta ocasionó muertes, la mayoría de personas muy jóvenes y afectó la salud y la integridad física de cientos de manifestantes: el 19 y 20 de diciembre de 2001, la Masacre de Avellaneda en 2002, las represiones a las comunidades Qom en Formosa en 2010, el asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, la represión en el Parque Indoamericano en 2010, la Masacre de La Cárcova en 2011 y la cacería policial del 8 de marzo de 2017 luego de la manifestación con la que cerró el Paro Internacional de Mujeres en Buenos Aires son algunos de ellos. La persecución penal de los referentes sociales también ha sido una preocupación central, como la criminalización de la dirigente Milagro Sala y de la agrupación a la que pertenece, la Organización Barrial Túpac Amaru, en la provincia de Jujuy.

Esa sección reúne los documentos producidos y reunidos por el Equipo de Salud Mental desde su creación en los primeros años de la institución hasta la actualidad. Incluye bibliografía, informes, memorándums, artículos, correspondencia, proyectos de financiamiento y documentos de trabajo.
Hasta 2003 la documentación se encuentra en papel, organizada en cajas e inventariada. A partir de esa fecha, la documentación conservada es principalmente electrónica y aún no ha tenido tratamiento archivístico.

Historia institucional
La atención psicoterapéutica fue una de las formas de intervención del movimiento argentino de derechos humanos desde sus inicios, tanto en el país como en el exilio. La psicoterapia, en particular el psicoanálisis, fue uno de los primeros ámbitos donde empezaron a emerger los testimonios de las crueldades del terrorismo de Estado, tanto por parte de sobrevivientes de la detención clandestina y la tortura, como de familiares y de niñes apropiades.
En los primeros años del CELS, un grupo de psicólogas y psicoanalistas se agruparon como Equipo para la asistencia de quienes se acercaban a la institución. La capacidad de atención se fue incrementando con una mayor cantidad de profesionales y por la articulación con otras instituciones.
En 1984 se formalizó la creación del Equipo de Salud Mental, que en rigor había comenzado a funcionar varios años antes. Laura Jordán de Conte fue la primera coordinadora del equipo integrado por sus fundadoras Elena Lenhardtson, Matilde Ruderman y Ana Goldberg, junto a los psicólogos Rubén García, Javier Mignone y Oscar Rassori. Los efectos del exilio, los procesos de restitución de niñes apropiades, el trauma social y sus efectos en las víctimas fueron algunos de los principales temas y ejes de trabajo clínico y teórico.
El equipo promovió debates en los espacios académicos y profesionales en los que sus integrantes participaban. También participó de la introducción de una perspectiva de salud mental articulada con los derechos humanos en la universidad pública, tanto en la investigación como en la docencia. Articuló regionalmente su trabajo en el Centro de Documentación e Investigación Científica en Salud Mental y Derechos Humanos (CEDDI) y en otras redes y congresos regionales e internacionales.
Las diferentes etapas que atravesó el proceso de memoria, verdad y justicia marcaron el trabajo en la clínica. Su pulso se imprimió en las posibilidades de elaborar la crueldad padecida y sus formas particulares. Esto consta en los registros del equipo sobre los primeros años de la democracia, marcados por el retorno del exilio, el trabajo de la CONADEP y el Juicio a las Juntas; el impacto de las leyes de impunidad y los indultos; los levantamientos militares de 1987, 1988 y 1990; las políticas de reparación económica y el contexto marcado por el testimonio del exmilitar Adolfo Scilingo y los Juicios por la Verdad.
De la misma forma, la participación del equipo en casos del CELS ligados a violaciones de derechos humanos ocurridas en democracia –sobre hechos de violencia institucional– implicó una ampliación temática y de las formas de trabajo. Para este tiempo, la organización había comenzado a abordar algunos casos con una estrategia interdisciplinaria: acciones de comunicación, investigación, propuestas de políticas públicas y acompañamiento del equipo de salud mental. Eso se tradujo, para el equipo, en un trabajo con víctimas de hechos por los que el CELS estaba litigando, estrechamente ligado a la estrategia judicial.
Esta modalidad de articulación interdisciplinaria, que desde la perspectiva de la salud mental se denomina como “abordaje psico-jurídico”, fue enriquecedora para la estrategia integral de los casos y para la experiencia de contacto de los familiares con el Poder Judicial. Con el tiempo, el equipo de salud mental sistematizó esta práctica profesional que se extendió cada vez a más causas en las que litiga el CELS.
El recorrido de 40 años del equipo de salud mental en una organización de derechos humanos da cuenta de la riqueza del trabajo interdisciplinario, de la atención a los aspectos subjetivos de las personas a las que el CELS representa en instancias legales y de la adaptación a las demandas de cada época. Desde su origen, el equipo se sostiene con coordenadas éticas, conceptuales y técnicas que lo dotan de una identidad particular.
Las coordinadoras del ESM han sido Laura Jordán de Conte (1984-2000), Graciela Guilis (2000-2006), Roxana Amendolaro (2006-2010), Macarena Sabin Paz (2010-hasta la actualidad).

Esta sección reúne la documentación producida por el Área de Administración en sus actividades administrativas y contables, la organización legal institucional, los documentos de comunicación interna y externa vinculados a proyectos de financiamiento. Reúne documentación en papel organizada en cajas o biblioratos y documentación electrónica.

Historia institucional
La sección Área de Administración reúne documentación producida en las tareas de administración de la institución. Él área fue creada en 1985. En los años previos las actividades administrativas estaban a cargo de le tesorere y le secretarie del Comité Ejecutivo.
Entre 1985 y 1995 Carmen Aguiar de Lapacó ocupó el cargo de Tesorera y Secretaria Administrativa.

La sección Área Jurídica incluye las causas judiciales litigadas o reunidas por el Área Jurídica del CELS, entre 1979 y 1994. Se trata de documentación original y copias de causas y presentaciones judiciales realizadas por el equipo de abogades del CELS o en conjunto con otros equipos jurídicos o abogades particulares.
Se encuentran también copias de causas llevadas adelante por terceras personas que han sido utilizadas como jurisprudencia o como parte de acciones institucionales de otra índole (por ejemplo, para procesos de impugnación de cierta política pública).
Esta documentación se diferencia del expediente judicial, cuyo original está depositado en el Poder Judicial, por contener copias incompletas del total de los cuerpos y por incluir además otros tipos de documentos como notas de les abogades, comunicados de prensa, fotografías, memorándums y otros documentos reunidos por les abogades en el proceso de trabajo de un caso judicial. Durante la dictadura, las acciones judiciales se dirigieron a detener las graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada de personas, los homicidios, la apropiación de niños, la detención en cárceles. Desde la asunción del gobierno democrático en 1983, la actividad prioritaria del CELS siguió centrada en la búsqueda de verdad y justicia.
La serie Procesos judiciales dictadura incluye la documentación producida y reunida por el Área Jurídica durante este período. Incluye querellas por privación ilegítima de la libertad, presentaciones de hábeas corpus individuales y colectivos, causas por tenencia de personas menores de edad, consejos especiales de guerra, asociación ilícita, homicidios, entre otras.
La serie Procesos judiciales democracia, incluye 729 causas relativas a la actuación del Área Jurídica desde 1985, cuando comenzó a producir documentación referida a hechos ocurridos en democracia, principalmente violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones y fuerzas de seguridad y penitenciarias.
La serie Programa de Apoyo jurídico popular, agrupa la documentación producida en el trabajo de asistencia legal realizada por el CELS en villas, en el marco del Programa de Apoyo Jurídico Popular, entre los años 1989 y 1993: usurpaciones, desalojos, ocupación de viviendas y terrenos y violencia policial, entre otros.
La serie Documentos de trabajo agrupa la documentación institucional, como información sobre proyectos y rendiciones, informes de trabajo, listados, etc.

Historia institucional
El Área Jurídica, establecida en los inicios del CELS, cambió su nombre a lo largo de su trayectoria institucional. En 1988 pasó de llamarse Departamento Jurídico a Programa Jurídico y en 1990 pasó a ser Área Jurídica. Fue dirigida desde 1985 hasta 1987 por Marcelo Parrilli y desde entonces fue coordinada por Alicia Oliveira hasta 1994. El área se enfocó en el patrocinio legal de causas judiciales, investigaciones, litigio de causas testigo, tareas de extensión y en 1990 desarrolló tareas de apoyo jurídico popular.
El litigio ha sido uno de los modos estructurantes del trabajo del CELS durante la dictadura y en democracia. Fue una de las formas de develar y exponer patrones de conducta, prácticas y estructuras del Estado, así como para la ampliación de derechos por la vía judicial.

La sección Centro de Documentación agrupa la documentación producida y reunida por el CEDOC desde su creación en 1979 hasta su reestructuración en 2007 como Área de Investigación.
Está organizada en cuatro subsecciones, de acuerdo a la lógica institucional y el principio de procedencia de la documentación: la subsección Archivo Periodístico, conformada por más de 100.000 recortes de artículos de los principales diarios nacionales publicados entre 1975 y 1994. Esta colección fue realizada por integrantes del CEDOC y voluntaries que seleccionaron con criterios temáticos información publicada sobre derechos humanos. Además, incluye diarios completos y agrupaciones temáticas de prensa.
La subsección Archivo Testimonial reúne más de 500 testimonios de familiares y víctimas del terrorismo de Estado, tomados o reunidos por el CEDOC. También incluye la documentación producida en las investigaciones y sistematizaciones que se realizaron sobre estas fuentes fundamentales para la identificación de víctimas, responsables y metodologías represivas.
La subsección Archivo Documental agrupa diversos tipos documentales que permiten reconstruir el funcionamiento represivo.
Por último, la subsección Material de trabajo reúne la documentación producida por el CEDOC en sus actividades de organización documental, investigación y la elaboración de publicaciones. La mayor parte de la documentación se encuentra en español, aunque también hay documentos o copias de algunos documentos en inglés, francés, italiano, portugués y alemán.
La documentación producida por el CEDOC dio lugar a múltiples publicaciones, entre ellas: la colección Memoria y Juicio de los años 1981 y 1982; el libro 692 Responsables del terrorismo de estado, en 1986; Culpables para la sociedad impunes por la ley, realizado por diferentes organismos de derechos humanos y publicado en 1988 y la publicación Testimonio sobre el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA), de Víctor Basterra, publicada en 1984.

Historia institucional
El Centro de Documentación se constituye desde la fundación del CELS con el objetivo de conformar un Archivo sobre las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Fue coordinado entre 1979 y 1991 por Alicia Martín. Durante 1991 Daniel Toribio y Diego Freixas ocuparon el rol de coordinadores. Entre 1995 y 2007 la coordinación estuvo a cargo de Cristina Caiati.
Durante las décadas de 1980 y 1990 el área tuvo diferentes nombres: Centro de documentación, Programa de documentación, Área de Documentación o Departamento de documentación. El nombre de CEDOC titula esta sección porque es la nominación vigente al momento de producción de la mayoría de los documentos que resguarda. En 2007 el área se reformuló y pasó a denominarse Área de Investigación, incorporando la gestión de la Biblioteca y tomando funciones de apoyo a la investigación de otros equipos.
Durante el terrorismo de Estado, el CEDOC realizó una intensa tarea de búsqueda, recolección y sistematización de información con el objetivo de respaldar acciones legales y de comprender la lógica de funcionamiento del sistema represivo, quiénes eran sus víctimas, sus responsables, cuáles eran las metodologías represivas.
A partir de 1983, la producción de documentación se orientó a elaborar pruebas para sustentar las acciones judiciales, como el Juicio a las Juntas y otras causas iniciadas en ese tiempo. El CEDOC profundizó la tarea de sistematización de los datos elaborados durante la dictadura. El resultado de este trabajo se ve reflejado en publicaciones como Terrorismo de Estado. 692 responsables (Buenos Aires, CELS, 1986), Culpables para la sociedad, impunes por la ley (Buenos Aires, CELS, 1988), Documentación contra la impunidad (Buenos Aires, CELS, 1990).
En 1984, en el marco de un congreso de FEDEFAM, el CEDOC se definió como un centro al servicio del pueblo cuyo objetivo principal fue informar con rapidez, eficiencia, precisión y confiabilidad. La tarea archivística incorporó, desde entonces, la tarea de dar lugar a voces no oficiales. Para ello, el CEDOC registraba información significativa y datos precisos que servían para grupos de acción y difusión de la causa popular. El archivo se construyó como herramienta dinámica de consulta para generar acciones.
Una idea rectora fue "convertir lo solitario en solidario". Esta idea surje de observar que muchos casos de violaciones a derechos humanos llegaban como hechos aislados pero al ponerlos en serie o en relación con la trama de información se obtenía claridad sobre el carácter estructural de lo sucedido. Durante la década del 80 y del 90 el CEDOC continuó la reunión de documentación sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado y a su vez comenzó a trabajar con documentación sobre otros campos concernientes a los derechos humanos como la violencia policial en democracia, las violaciones ocurridas en instituciones penitenciarias, entre otros.

Esta Sección agrupa la documentación producida por la oficina de la Dirección Ejecutiva en el marco de sus actividades y funciones. Incluye documentos producidos y reunidos por les directores y sus asistentes, como informes, memos, correspondencia, comunicados, folletos y agendas de reunión.

Historia institucional
La Dirección Ejecutiva se estableció en el proceso de reestructuración institucional realizado en 1994, con el fin de desempeñar funciones de representación institucional, articulación con la Comisión Directiva y supervisar el trabajo y funcionamiento de las áreas y programas. Se trata de la consolidación del rol que entre 1985 y 1994 se estableció como Coordinación ejecutiva y que ocuparon Julio Raffo (1985 - 1987), Octavio Carsen (1987 - 1991) y Augusto Conte (1991).
Desde 1994 han sido directores Martín Abregú (1995 - 2000), Víctor Abramovich (2001 - 2007), Gastón Chillier (2008 - 2019) y Paula Litvachky (2020 - hasta la actualidad).

La sección Gestión Institucional está integrada por cinco agrupaciones documentales que refieren a actividades transversales de la organización, cuya producción no fue realizada por un un área o programa particular, sino que fue elaborada en conjunto por varias de ellas.
La serie Publicaciones agrupa los textos preparatorios y las publicaciones (libros, artículos, cuadernillos, etc) del CELS.
La serie Comunicados reúne presentaciones y comunicados institucionales producidos por la organización para dar a conocer públicamente sus posiciones y acciones.
La serie Memorándums Internos incluye los memorándums y la correspondencia interna elaborados por les integrantes del CELS en el marco de la realización de sus tareas.
La serie Documentos de otras organizaciones agrupa documentación producida por otras organizaciones y reunida por el CELS en conjuntos documentales que se encuentran organizados por nombre de la organización de origen (incluye organizaciones de tipo sindical, derechos humanos, políticas, feministas, de solidaridad, educativas, ecuménicas, religiosas, científicas, periodísticas, entre otras).
La serie Correspondencia contiene notas, cartas e intercambios de todo el CELS con referentes, familiares, víctimas, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, no gubernamentales y gubernamentales.

Historia institucional
Hasta la década del 90, la documentación de esta sección fue producida y centralizada por la responsable de prensa y responsable del Área de documentación. Es el caso de la producción de comunicados, publicaciones, la conservación de la correspondencia y memos institucionales. Las series de esta sección presentan una organización homogénea a lo largo de esos años.
A partir de la mitad de la década del 90, la producción híbrida en formatos electrónico y de papel y, luego, la incorporación del correo electrónico y redes sociales, transformaron las formas de producir, ordenar y conservar la documentación. La documentación en soporte electrónico aún no ha sido abordada desde una perspectiva archivística.

Esta sección reúne la documentación producida o reunida por el Área de Desarrollo Institucional desde su creación hasta la actualidad. El área fue creada a partir de la reestructuración institucional de 1994 con el objetivo de acompañar a la Dirección Ejecutiva en la búsqueda de fondos, el diseño y monitoreo de proyectos, y las relaciones institucionales con los donantes. Por otra parte, coordina voluntaries y pasantes, y los procesos de comunicación interna con socies y equipo de trabajo. Para más información sobre el programa de Desarrollo Institucional dirigirse al siguiente link: https://www.cels.org.ar/web/organizacion/financiamiento/