Esta sección reúne la documentación producida por el Programa DESC creado a partir del proceso de reestructuración institucional de 1994, con el objetivo de promover el cumplimiento de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y discutir su exigibilidad judicial en los tribunales locales. Fueron directores/as del Programa Víctor Abramovich, Juana Kweitel, Julieta Rossi, Pilar Arcidiácono, Eduardo Reese y en la actualidad es coordinado por Luna Miguens.
Parte de la documentación en papel fue inventariada someramente, mientras que la documentación electrónica aún no cuenta con tratamiento archivístico.
La documentación de esta sección incluye expedientes judiciales, documentación periodística y legislativa, informes, correspondencia, investigaciones, encuestas y publicaciones. Entre otros casos, se presentó la denuncia ante el Panel de Inspección del Banco Mundial para la protección de programas sociales alimentarios (caso Pro Huerta), los amparos colectivos para la provisión de medicamentos VIH/SIDA, la denuncia ante la CIDH por la protección de derechos previsionales (caso Menéndez y Caride) y el amparo colectivo por derecho a la Salud (caso Viceconte o vacuna contra el mal de los rastrojos).
Esta sección reúne documentación sobre un campo amplio de derechos económicos, sociales y culturales, como el acceso a la información pública, el acceso a la salud, al agua, a la educación, derechos de comunidades indígenas, campesinos y migrantes, derechos de personas con discapacidad. Realiza seguimiento y estudios sobre diferentes políticas y programas sociales, sobre desigualdad y pobreza, entre otros temas. Durante los últimos años el área trabajó temas de hábitat, vivienda, realizó investigaciones sobre comunidades campesinas e indígenas y la ley de emergencia territorial, sobre el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud y las condiciones de alquiler en el ámbito urbano. Se realizaron trabajos sobre agricultura familiar y soberanía alimentaria, sobre políticas fiscales y el impuesto a las grandes fortunas.
Esta sección reúne la documentación producida por el Programa Memoria y Lucha contra el terrorismo de Estado que se formalizó hacia fines de la década del 90, tras la reestructuración institucional de 1994.
La sección está organizada en dos subsecciones, vinculadas a las funciones del área o programa a lo largo del tiempo. La subsección "Causas" reúne la documentación judicial producida en el marco de los litigios llevados adelante por el CELS desde 1998, con el objetivo de impulsar la investigación judicial y la producción de verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Incluye documentación referida a los juicios por la verdad; documentación sobre la asistencia a familiares y víctimas en la gestión de reparaciones; documentación referida a los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad y la serie de Justicia Militar.
La subsección "Documentos de trabajo" incluye documentos producidos en el marco de las investigaciones, proyectos, políticas de memoria y derechos humanos, representación en sitios de memoria y sistematización de información sobre el proceso de justicia.
Esta sección reúne la documentación producida por el Área de Comunicación desde su constitución hasta la actualidad. Incluye documentación producida en la elaboración de publicaciones, comunicaciones oficiales del CELS, investigaciones audiovisuales, investigaciones sobre el acceso a la información, entre otros temas. Se halla documentación en papel hasta 2009.
El Área de Comunicación fue creada en 1998, con el objetivo de organizar la comunicación institucional, publicaciones, coordinar la relación con la prensa, desarrollar la página web y apoyar el trabajo de las áreas. Su primer director fue David Blaustein, luego María Capurro Robles, Laura Itchart, Verónica Torras y Ximena Tordini.
Esta sección reúne la documentación producida por las actividades de investigación, denuncia e incidencia sobre temas de género, salud sexual y diversidad. Las investigaciones y producción de material de esta sección son interdisciplinarias, se encuentra material que cruza perspectivas de género, de salud mental y tratamiento jurídico de casos específicos.
El feminismo interseccional es una perspectiva política y una definición de valores que el CELS incorporó de manera decidida en los últimos años. En 2018 Edurne Cárdenas comienzó el trabajo de coordinación de la agenda feminista que se consolidó con la estructuración del área en el año 2020 y la coordinación de Vanina Escales.
El objetivo de esta área es impulsar y elaborar colectivamente las perspectivas políticas que el CELS quiere proponer en el espacio público en el cruce entre feminismo y el trabajo en derechos humanos que lleva adelante la institución. Para eso, el área se ocupa de transversalizar el abordaje interseccional en los temas de agenda de los equipos mediante la formación específica, la colaboración en el desarrollo de la perspectiva feminista para temas específicos y la construcción de una agenda temática en el marco de la institución.
Para articular sus objetivos, el área se propuso como espacio desde el cual: construir posicionamientos institucionales desde el feminismo sobre cuestiones de derechos humanos, profundizar la transversalización del abordaje interseccional que el CELS realizó en los últimos años en su agenda de trabajo, garantizar el derecho al aborto en la Argentina, articular con el área DESC el problema de la tierra y la deuda, elaborar una perspectiva de la violencia de género desde su trama con la violencia institucional, profundizar la problemática de derechos de la población travesti, trans y no binaria, trabajar la elaboración de memorias generizadas, continuar y profundizar el trabajo internacional con alianzas como la CEDAW, la INCLO, la Red de litigantes LGTB de las Américas, DAWN.
La documentación de esta sección se encuentra en papel y en formato electrónico y es fue producida por el área de Justicia Democrática en el marco de sus actividades y funciones previstas en la organización que se enmarcan en diversos aspectos ligados al acceso y democratización de la justicia. La presente sección cuenta con 65 cajas con documentos y 28 biblioratos. Conservando la misma línea de trabajo, el Área de Justicia Democrática cuenta con la Clínica Jurídica creada en conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1994 con el objetivo de formar abogados junto a la promoción de derechos. El litigio funciona como herramienta de promoción de derechos y de políticas públicas como se puede observar en los casos emblemáticos de Verbitsky, el caso Simón, y otros casos tramitados ante la CIDH.
La mayor parte de este material está referido a las violaciones a derechos humanos durante la dictadura cívico militar ocurrida en Argentina entre 1976 y 1983.
Sem títuloEsta sección reúne documentación producida por los y las integrantes de la CD en el marco de sus funciones. Incluye denuncias judiciales, informes y presentaciones, formularios, memorándums internos, correspondencia con familiares y autoridades nacionales e internacionales. Incluye la documentación relativa a las primeras acciones realizadas por la CD entre 1979 y 1984. Entre ellas se halla la preparación de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en septiembre de 1979, la participación en el Coloquio de París en febrero de 1982 y la sistematización de la documentación realizada por la Comisión Técnica para la recopilación de datos en 1983.
La Comisión Directiva (CD) fue establecida desde la fundación del CELS como el órgano de conducción con el objetivo de dirigir y administrar a la asociación. En sus inicios estuvo conformada por las y los fundadores de la institución: Emilio Fermín Mignone, Angélica Paula Sosa de Mignone, Augusto Conte Mac Donell, Boris Pasik, Carmen Aguiar de Lapacó, Alfredo F. Galletti, José Federico Trinidad Westerkamp, Noemí Fiorito de Labrune.
La CD ha sido integrada por más de 40 años por familiares, activistas, destacados referentes de derechos humanos, sindicales, sociales y culturales, y académicos: Matilde Saidler de Mellibovsky, Santiago Mellibovsky, Graciela Colombo, Agustín Colombo, Ángela Westerkamp, Fanny Bendersky, Alicia Oliveira, Marcelo Parrilli, Luis Zamora, Alberto Binder, Susana Albanese, Enrique Oteiza, María Teresa Flores, Alejandro Incháurregui, Patricia Valdez, Alicia Logiudice, Alejandro Incháurregui, Cristian Courtis, Leonardo Franco, Lilia Ferreyra, Rodolfo Mattarollo, Luis Fondebrider, Darío Olmo, Gilou García Reynoso, Carlos Acuña, Eduardo Basualdo.
Para conocer la integración actual de la Comisión Directiva ver: https://www.cels.org.ar/web/organizacion/comision-directiva/
Esta Sección agrupa la documentación producida por la oficina de la Dirección Ejecutiva en el marco de sus actividades y funciones. Incluye documentos producidos y reunidos por les directores y sus asistentes, como informes, memos, correspondencia, comunicados, folletos y agendas de reunión.
Historia institucional
La Dirección Ejecutiva se estableció en el proceso de reestructuración institucional realizado en 1994, con el fin de desempeñar funciones de representación institucional, articulación con la Comisión Directiva y supervisar el trabajo y funcionamiento de las áreas y programas. Se trata de la consolidación del rol que entre 1985 y 1994 se estableció como Coordinación ejecutiva y que ocuparon Julio Raffo (1985 - 1987), Octavio Carsen (1987 - 1991) y Augusto Conte (1991).
Desde 1994 han sido directores Martín Abregú (1995 - 2000), Víctor Abramovich (2001 - 2007), Gastón Chillier (2008 - 2019) y Paula Litvachky (2020 - hasta la actualidad).
La sección Centro de Documentación agrupa la documentación producida y reunida por el CEDOC desde su creación en 1979 hasta su reestructuración en 2007 como Área de Investigación.
Está organizada en cuatro subsecciones, de acuerdo a la lógica institucional y el principio de procedencia de la documentación: la subsección Archivo Periodístico, conformada por más de 100.000 recortes de artículos de los principales diarios nacionales publicados entre 1975 y 1994. Esta colección fue realizada por integrantes del CEDOC y voluntaries que seleccionaron con criterios temáticos información publicada sobre derechos humanos. Además, incluye diarios completos y agrupaciones temáticas de prensa.
La subsección Archivo Testimonial reúne más de 500 testimonios de familiares y víctimas del terrorismo de Estado, tomados o reunidos por el CEDOC. También incluye la documentación producida en las investigaciones y sistematizaciones que se realizaron sobre estas fuentes fundamentales para la identificación de víctimas, responsables y metodologías represivas.
La subsección Archivo Documental agrupa diversos tipos documentales que permiten reconstruir el funcionamiento represivo.
Por último, la subsección Material de trabajo reúne la documentación producida por el CEDOC en sus actividades de organización documental, investigación y la elaboración de publicaciones. La mayor parte de la documentación se encuentra en español, aunque también hay documentos o copias de algunos documentos en inglés, francés, italiano, portugués y alemán.
La documentación producida por el CEDOC dio lugar a múltiples publicaciones, entre ellas: la colección Memoria y Juicio de los años 1981 y 1982; el libro 692 Responsables del terrorismo de estado, en 1986; Culpables para la sociedad impunes por la ley, realizado por diferentes organismos de derechos humanos y publicado en 1988 y la publicación Testimonio sobre el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA), de Víctor Basterra, publicada en 1984.
Historia institucional
El Centro de Documentación se constituye desde la fundación del CELS con el objetivo de conformar un Archivo sobre las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Fue coordinado entre 1979 y 1991 por Alicia Martín. Durante 1991 Daniel Toribio y Diego Freixas ocuparon el rol de coordinadores. Entre 1995 y 2007 la coordinación estuvo a cargo de Cristina Caiati.
Durante las décadas de 1980 y 1990 el área tuvo diferentes nombres: Centro de documentación, Programa de documentación, Área de Documentación o Departamento de documentación. El nombre de CEDOC titula esta sección porque es la nominación vigente al momento de producción de la mayoría de los documentos que resguarda. En 2007 el área se reformuló y pasó a denominarse Área de Investigación, incorporando la gestión de la Biblioteca y tomando funciones de apoyo a la investigación de otros equipos.
Durante el terrorismo de Estado, el CEDOC realizó una intensa tarea de búsqueda, recolección y sistematización de información con el objetivo de respaldar acciones legales y de comprender la lógica de funcionamiento del sistema represivo, quiénes eran sus víctimas, sus responsables, cuáles eran las metodologías represivas.
A partir de 1983, la producción de documentación se orientó a elaborar pruebas para sustentar las acciones judiciales, como el Juicio a las Juntas y otras causas iniciadas en ese tiempo. El CEDOC profundizó la tarea de sistematización de los datos elaborados durante la dictadura. El resultado de este trabajo se ve reflejado en publicaciones como Terrorismo de Estado. 692 responsables (Buenos Aires, CELS, 1986), Culpables para la sociedad, impunes por la ley (Buenos Aires, CELS, 1988), Documentación contra la impunidad (Buenos Aires, CELS, 1990).
En 1984, en el marco de un congreso de FEDEFAM, el CEDOC se definió como un centro al servicio del pueblo cuyo objetivo principal fue informar con rapidez, eficiencia, precisión y confiabilidad. La tarea archivística incorporó, desde entonces, la tarea de dar lugar a voces no oficiales. Para ello, el CEDOC registraba información significativa y datos precisos que servían para grupos de acción y difusión de la causa popular. El archivo se construyó como herramienta dinámica de consulta para generar acciones.
Una idea rectora fue "convertir lo solitario en solidario". Esta idea surje de observar que muchos casos de violaciones a derechos humanos llegaban como hechos aislados pero al ponerlos en serie o en relación con la trama de información se obtenía claridad sobre el carácter estructural de lo sucedido. Durante la década del 80 y del 90 el CEDOC continuó la reunión de documentación sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado y a su vez comenzó a trabajar con documentación sobre otros campos concernientes a los derechos humanos como la violencia policial en democracia, las violaciones ocurridas en instituciones penitenciarias, entre otros.
Esta sección reúne la documentación producida por CELS desde mediados de la década del 80 hasta la actualidad a partir de las investigaciones, estudios y litigios realizados en torno de las problemáticas de violencia institucional, en democracia. También refleja la construcción de alianzas con otras organizaciones sociales y el trabajo con familiares de víctimas de la represión policial. Incluye publicaciones, insumos de investigación y elaboración de estadísticas propias.
Se agrupa en 48 cajas de documentación en papel que se encuentra inventariada, lo que se complementa con la documentación electrónica que aún no ha sido tratada archivísticamente.
La serie "Base de datos" responde a los inicios del trabajo sostenido desde 1996 de recolección y sistematización de información de casos de violencia policial publicados en periódicos y la producción de datos estadísticos propios. https://violenciapolicial.org.ar/
Estas líneas de trabajo en el CELS tuvieron origen a mediados de los años 80 cuando la organización comenzó a trabajar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia. En 1986, abogados y abogadas del CELS comenzaron a atender denuncias sobre violencia ejercida por funcionarios policiales, se realizaron investigaciones para analizar y comprender la problemática. Un año después se constituyó un programa de trabajo específico para realizar una investigación interdisciplinaria sobre detenciones policiales. Entre otras acciones, el CELS generó una red con organizaciones villeras y centros de estudiantes para recibir denuncias, presentó una acción de hábeas corpus a favor de personas detenidas a consecuencia de una razzia realizada en el barrio General Belgrano —Villa Oculta— de la Capital Federal.
El CELS se sumó a la Campaña antirazzias organizada por la Comunidad Homosexual Argentina y sostuvo denuncias sobre la ilegalidad de estos procedimientos.
La estrategia de litigio estratégico implicó llevar causas en tribunales locales e internacionales como, entre muchos otros, el caso de Walter Bulacio por detención ilegal y abuso de la fuerza ante Sistema Interamericano de Derechos Humanos; el caso del policía Hugo Airali que permitió poner en discusión las leyes orgánicas de la Policía Federal; el amparo colectivo por el derecho a la participación política de los presos sin condena; el caso Tiscornia, por acceso a la información producida por la Policía Federal Argentina, el caso de Darío Riquelme y Mariano Witis que permitió problemátizar diversas dimensiones del uso ilegal de la fuerza por parte de la Policía Bonaerense. Más cerca en el tiempo, el CELS también ha acompañado y litigado casos en los que se investigan formas de desaparición en democracia, como los casos de Luciano Arruga y de Santiago Maldonado.
En 1995 comenzó a funcionar el “Programa Violencia Institucional, seguridad ciudadana y derechos humanos”, dirigido por Sofía Tiscornia e integrado por María Victoria Pita, María Angélica Villarruel, Gastón Chillier y Gustavo Palmieri, Mercedes Korim, Josefina Martínez y Vanina Lekerman. Desde entonces la agenda de trabajo se ha ampliado al análisis de políticas de seguridad, elaboración de propuestas de regulación y control del uso de la fuerza, análisis y denuncia de lógicas de violencia institucional en diferentes contextos de encierro.
Desde la represión del 19 y 20 de diciembre el CELS sostiene un trabajo de investigación, denuncia y litigio sobre la respuesta estatal a las protestas sociales, en dimensiones tales como la represión, la criminalización, la inteligencia ilegal a organizaciones sociales y políticas y el modo en que se procesan las demandas. Desde entonces, el CELS ha investigado y litigado numerosos casos en los que la respuesta estatal al ejercicio del derecho a la protesta ocasionó muertes, la mayoría de personas muy jóvenes y afectó la salud y la integridad física de cientos de manifestantes: el 19 y 20 de diciembre de 2001, la Masacre de Avellaneda en 2002, las represiones a las comunidades Qom en Formosa en 2010, el asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, la represión en el Parque Indoamericano en 2010, la Masacre de La Cárcova en 2011 y la cacería policial del 8 de marzo de 2017 luego de la manifestación con la que cerró el Paro Internacional de Mujeres en Buenos Aires son algunos de ellos. La persecución penal de los referentes sociales también ha sido una preocupación central, como la criminalización de la dirigente Milagro Sala y de la agrupación a la que pertenece, la Organización Barrial Túpac Amaru, en la provincia de Jujuy.